- La consellera destaca la figura del facilitador procesal y el servicio de lectura fácil de sentencias como elementos para favorecer la inclusión


La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado que su departamento, en colaboración con los operadores jurídicos valencianos y las universidades, creará una guía en la que se detallarán todos los recursos que tienen a su disposición las personas con discapacidad intelectual para acceder a la Justicia.

Así lo ha comunicado en una reunión que ha celebrado este martes en Castelló de la Plana y a la que ha asistido el presidente de la Audiencia Provincial, José Manuel Marco, la fiscal-jefa de esta demarcación, María Díaz Berbel, la jueza encargada del área de discapacidad, responsables del Instituto de Medicina Legal y letrados y letradas de la Administración de Justicia.

La consellera ha explicado que, tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021 de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad, la Administración debe "poner recursos a disposición de los operadores jurídicos para atender a las personas con discapacidad intelectual". Por eso, se va a elaborar una guía que recoja "tanto los procedimientos como de los recursos que la ciudadanía va a tener a su disposición para poder acceder a la Justicia".

Entre estos recursos, la consellera ha destacado la figura del facilitador que "acompaña y asiste a cualquier ciudadano con discapacidad intelectual para que tenga una absoluta comprensión de todo el procedimiento" o el servicio de sentencias de lectura fácil cuyo proyecto piloto se ha desarrollado, precisamente, en Castellón.

"Todos estos recursos -ha dicho la consellera- se canalizarán a través de las Unidades de Atención Social que tendrán carácter provincial". En este sentido, ha recordado que la de Castellón "ya está creada".

La nueva norma, que entró en vigor el pasado mes de septiembre, establece medidas para respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Entre otras novedades, se ha suprimido la incapacitación judicial. Anteriormente, cuando una persona con discapacidad requería de apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica, se iniciaba un procedimiento judicial para incapacitarla. Sin embargo, la ley sustituye esos procesos de incapacitación por medidas de apoyo para estas personas.

En este sentido, la guía servirá para mejorar la información y coordinación entre los diferentes operadores jurídicos. Además, se dará formación específica al personal de los servicios comunes, juzgados especializados en familia y discapacidad y fiscalías. Para ello, se está trabajando en un contrato con la Confederación Plena Inclusión Comunidad Valenciana, la cual ya ha conveniado tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado en esta materia.