- La consellera de Justicia reclama una reforma legal para que pagar por sexo sea considerado un delito y una actuación administrativa integral para luchar contra "esta otra forma de agresión sexual"


La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha defendido que "no cabe otro planteamiento que no sea la abolición de la prostitución" para acabar con "este tipo de violencia de género". Así se ha expresado en la primera sesión de trabajo del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución que, a lo largo de este año, reunirá a entidades, personas expertas, juristas, administraciones e instituciones académicas que elaborarán un paquete de propuestas para acometer los cambios legales y las políticas asistenciales necesarias para erradicar "esta otra forma de agresión sexual".

En la primera sesión de trabajo han participado más de 40 personas. Entre ellas, mujeres supervivientes de la prostitución y la trata, y también docentes e investigadores de las universidades de València, Alicante, Castellón, la Miguel Hernández de Elche, la de Barcelona, la UOC de Cataluña y la Complutense de Madrid. Además, han acudido representantes de asociaciones y ONG, como el Front Abolicionista, Médicos del Mundo, Cruz Roja o Villa Teresita, así como de instituciones como la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, el Institut de la Dona, la Fiscalía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La consellera ha agradecido su implicación a los participantes en la sesión a quienes ha recordado que el objetivo del Foro es elaborar un "paquete de propuestas sólido" que sea fruto de un análisis profundo de la situación de las víctimas, así como del ámbito administrativo y del penal.

"De esta forma -ha continuado la consellera- podremos plantear los cambios legislativos y administrativos necesarios para erradicar un problema que nos debería avergonzar como es que en pleno siglo XXI siga habiendo mujeres que se vean obligadas a vender su cuerpo y, sobre todo, que haya hombres que consideren que el cuerpo de una mujer se puede comprar".

En este sentido, la consellera ha recordado que el 70 por ciento de las mujeres prostituidas son "víctimas de trata" y que hay un 20 por ciento que acaban ahí "atrapadas por otras circunstancias económicas y sociales que deben ser analizadas y corregidas". Por ello, "no nos podemos conformar con el tratamiento penal que se da al delito de tráfico de personas, sino que hay que abordar el problema de manera integral".

Gabriela Bravo ha explicado que, aunque las competencias de las comunidades autónomas en esta materia "son limitadas", eso no implica "que no se pueda desarrollar más aún la capacidad sancionadora administrativa para restringir al máximo tanto la actividad de los establecimientos que, enmascarados como locales de ocio, se practica la prostitución, como a los propios consumidores de sexo pagado". Además, la administración autonómica debe, según Bravo, "acabar con la invisibilidad de estas mujeres que las sitúa en un limbo desde donde es muy difícil acceder a las prestaciones sociales y a las medidas de protección que necesitan".

Pagar por sexo debe ser un delito

La consellera de Justicia ha defendido que la propuesta final del Foro Valenciano debe ser "un documento sólido que nos cargue de razones para poder instar al Gobierno a que acometa las reformas legislativas necesarias en el ámbito penal". Para ello, el Foro también estudiará la normativa de otros países que han cambiado su sistema penal para considerar la prostitución "como lo que es: un atentado contra la dignidad humana y una manifestación de violencia sexual. En definitiva, que pagar por sexo debe ser un delito", ha concluido Gabriela Bravo.